Buscar
  • Jorge Domingo Ferrando

Ya no queda tiempo para la indiferencia


FOTO: AFP / Louisa Gouliamaki

"Moria es una bomba de relojería". Estas fueron las palabras que escogió Idoia Moreno, enfermera de Médicos Sin Fronteras en la isla griega de Lesbos, para describir la realidad que se vivía en el campo de refugiados más grande de Europa en julio de 2018. En aquel momento vivían allí cerca de 9.000 personas, el triple de la capacidad real de las instalaciones. La semana pasada Moria, que ya era el hogar de más de 12.000 migrantes y refugiados, ardía pasto de las llamas. Hoy familias enteras viven en los arcenes de las carreteras, mientras el Gobierno griego construye a toda prisa una nueva ratonera donde hacinar otra vez a miles de almas. La bomba, es evidente, ha estallado.

La isla griega de Lesbos se encuentra en los confines de Europa, más próxima a la costa turca que a la Hélade continental. Una pequeña porción de tierra en el extremo este del mar Egeo que, junto con el resto de islas griegas más orientales, ha servido en los últimos 5 años de muro de contención a la migración proveniente de Oriente Medio y África. En todo ese tiempo, la guerra de Siria y las acciones armadas del Estado Islámico han empujado a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de protección en terceros países. Muchos de ellos escogieron el Viejo Continente como destino final.

La llegada de un millón de migrantes y refugiados a las costas europeas en 2015, según ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, fue la constatación de que el aumento de los flujos migratorios se había convertido en un problema colosal. Italia, Grecia y Bulgaria, frontera sureste de la Unión Europea (UE), se vieron pronto desbordadas y reclamaron la ayuda comunitaria. Como respuesta la Comisión lanzó su Agenda Europea de la Migración para abordar la situación de manera conjunta y coordinada.

La medida estrella del programa migratorio común fue la reubicación de 160.000 refugiados entre los diferentes Estados europeos para aliviar a los países más presionados por la llegada de los migrantes, como eran Italia y Grecia. Sin embargo, el plan fracasó ante la negativa de algunos socios comunitarios a colaborar y tan solo una cuarta parte de los demandantes de asilo fue reubicada.

El siguiente movimiento de las instituciones europeas para atajar la crisis fue el denominado ‘pacto de la vergüenza’ entre la UE y Turquía, firmado en marzo de 2016 y por el que todos los migrantes que entraban en Grecia de manera irregular, también los solicitantes de asilo y personas que necesitaban protección internacional, serían devueltos a Turquía. Además, se incluía un canje de refugiados: por cada persona de nacionalidad siria devuelta al país turco, una persona refugiada siria sería reasentada en Europa. El texto incluía el pago de 6.000 millones de euros por parte de la UE al Gobierno turco en concepto de “ayuda a la acogida”.

El acuerdo fue duramente criticado por no respetar los estándares internacionales del Derecho humanitario internacional, ya que Turquía no podía ser considerado un estado seguro para las personas refugiadas al no proporcionar la protección íntegra que exige la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Cuatro años después, con el pacto suspendido de facto y siendo revisado por ambas partes con el fin de resucitarlo, la maniobra no ha dado sus frutos, al tiempo que ha puesto en entredicho el compromiso europeo con los derechos humanos.


La acumulación de fracasos en la gestión comunitaria y la falta de acuerdos entre los socios europeos han sido los principales causantes de la aparición de campos de refugiados como el de Moria, donde miles de personas viven hacinadas sin acceso a los servicios básicos de higiene y salud y donde la escasa presencia de policía y fuerzas del orden ha permito que la violencia sea el eje rector de la convivencia. Todo esto, no lo olvidemos, dentro de las propias fronteras de la UE.

La situación que viven los refugiados en Lesbos, pero también la población de la isla, lleva siendo insostenible desde hace años, lo que ha creado el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de movimientos de extrema derecha. Grupos xenófobos han protagonizado ataques violentos contra los refugiados y las ONG que trabajan en la zona ante la pasividad de la UE. Los últimos incidentes, en febrero de este mismo año.

A este escenario desolador hay que sumar la irrupción de la covid19. La primera ola de la pandemia pasó por Grecia sin una gran incidencia y el coronavirus no llegó a las costas de Lesbos ni al campo de Moria. Sin embargo, la segunda embestida de la enfermedad está siendo más severa en el país heleno. Fue en mayo cuando se detectaron los primeros casos entre los refugiados. Hoy la cifra ya alcanza los 213 positivos. Es evidente que las condiciones de vida de estas personas han jugado un papel central en la expansión del coronavirus entre las tiendas y chabolas de Moria, pues el acceso a la higiene más básica, como el agua y el jabón, es limitado y la posibilidad de mantener la distancia de seguridad entre personas inexistente.

Además, la pandemia ha servido de excusa para encerrar a miles de personas dentro de los campos de refugiados. El país entero fue confinado en marzo y el estado de alarma declarado en todo el territorio griego. Progresivamente, las restricciones se fueron levantando para toda la población, a excepción de los refugiados y migrantes. El día que Moria ardió, las personas que vivían allí llevaban desde marzo sin poder abandonar el recinto.

Ahora, el Gobierno heleno ha resucitado Moria de sus propias cenizas con la construcción de un nuevo campo, que ya aloja a 9.000 personas. Sin embargo, muchos refugiados y migrantes se resisten a entrar en estas nuevas instalaciones por miedo a revivir aquel infierno. El Ejecutivo griego informó de que el nuevo campo será cerrado y que los refugiados y migrantes, una vez entren, ya no podrán salir. El miedo a quedar atrapados de manera indefinida en un nuevo Moria ha llevado a miles de personas a malvivir en los márgenes de las carreteras a la espera de una alternativa que no llega, pues los accesos a la capital de la isla han sido cerrados. Las cunetas son, de momento, el único alojamiento que han encontrado.

La isla de Lesbos llegó a ser conocida en el mundo entero como la isla de la solidaridad e, incluso, sus habitantes fueron nominados al Nobel de la Paz en 2016. Pero todo aquello ya queda muy lejos. Lesbos se ha convertido en una olla a presión, donde se mezcla la desesperación de los refugiados con el hartazgo de la población local. Todo ello sazonado con el abandono de las instituciones europeas y el silencio de los Estados miembro. Ahora, la bomba ha estallado y Europa tiene que actuar. Ya no queda tiempo para la indiferencia.



Si te ha gustado el artículo, compártelo.

52 vistas