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  • Jorge Domingo Ferrando

Nunca es tarde


FOTO: EFE

La Transición española se estudia en los colegios como uno de los mayores logros de nuestra historia moderna. Un proceso ejemplar en el que primó el consenso por encima de las disputas ideológicas con el único fin de traer la democracia. De aquel período se destaca siempre la unidad, los grandes hombres de estado que lo protagonizaron y la política con mayúscula, esa de la que ahora andamos tan escasos. En definitiva, se habla mucho de las luces de la Transición y no tanto de las sobras, pero las hubo. Sobras tan alargadas que llegan hasta nuestros días.

La llegada de la democracia dejó atrás 36 años de dictadura y desmanteló todo un sistema político fascista para poner en su lugar un régimen constitucional de derechos y libertades. Sin embargo, el proceso fue incompleto, pues el franquismo no tuvo que enfrentarse a la justicia ni las víctimas recibieron reparación alguna. De hecho, se permitió que las élites franquistas se integraran en el nuevo orden y, además, con privilegios. El más escandaloso, una ley electoral, vigente actualmente, que sobrerrepresenta las zonas rurales tradicionalmente más conservadoras. No pensaríais que las Cortes de Franco se harían el harakiri político a cambio de nada.


Adolfo Suárez logró sacar adelante el Proyecto de ley para la Reforma Política en noviembre de 1976. Fuente: EFE

Esos vacíos que uno encuentra cuando analiza la Transición con detalle son los que explican las anomalías democráticas que presenta hoy España y que no se encuentran en otros países del mundo con pasados autoritarios. La Ley de Memoria Histórica, impulsada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, asentó la primera piedra para la reparación de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez da un paso más en esta dirección con la aprobación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

Esta norma, que todavía debe superar el trámite parlamentario, incorpora medidas importantes respecto al texto de 2007, como declarar el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura por los órganos de represión franquista o la asunción por parte del Estado de la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y que actualmente se encuentran enterradas en fosas comunes. También destaca la creación de una Fiscalía que esclarecerá los hechos ocurridos durante el conflicto bélico y el régimen franquista, así como la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la Memoria Democrática. Por primera vez, se investigará también el expolio de bienes y se culminará la reasignación del Valle de los Caídos como cementerio civil y lugar de reconciliación.

La salida de Francisco Franco del mausoleo que se construyó con mano de obra esclava y que se ha mantenido todo este tiempo con dinero público es toda una declaración de intenciones acerca de lo que el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos quiere hacer en materia de Memoria Histórica. Sin embargo, el sistema político, económico y social español acoge hoy a los herederos del franquismo. Por eso es tan importante esta nueva ley. Porque 45 años después de la muerte del dictador, la democracia española sigue rezuma neofranquismo.

La familia Franco


Francisco Franco empezó a amasar una gran fortuna de manera fraudulenta desde el estallido de la Guerra Civil. Ni siquiera esperó a ver como se resolvía el conflicto para dar comienzo a un expolio que se prolongaría durante los casi 40 años de dictadura. El militar golpista utilizó su periodo en el poder para institucionalizar la corrupción y derribar los límites que separaban al Estado del sector privado y de su propia familia. Así, acumuló una fortuna millonaria que actualmente gestionan y disfrutan sus descendientes.

El periodista Mariano Sánchez Soler lleva más de 30 años investigando la fortuna de la familia Franco, sobre lo que ha publicado tres libros. Las estimaciones que hace del montante actual que manejan los herederos del dictador rondan los 600 millones de euros entre propiedades inmobiliarias y su entramado societario. Aunque el propio autor asegura que es muy complicado, por no decir imposible, conocer a ciencia cierta la cifra exacta.

Con la muerte del dictador, los Franco tuvieron que abandonar el Palacio de El Pardo, algo que sin duda supuso un duro golpe para una familia que había vivido casi cuatro décadas como una monarquía absolutista de la Europa medieval. Pero el trance no duraría demasiado, pues durante la Transición nadie los molestó. Amparados en la amnistía de la democracia, la familia del dictador conservó todos los bienes y la fortuna que habían acumulado durante la dictadura, ya que nadie investigó nada.


La familia Franco al completo

Un ejemplo del desconocimiento sobre su fortuna y la impunidad de la que han gozado los herederos de Franco durante la democracia es el incidente de las medallas de 1978. Carmen Polo, viuda del dictador y que gozaba de pasaporte diplomático, fue retenida en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba viajar a Suiza con una treintena de medallas de oro y medio centenar de insignias para, según ella, hacerse un reloj. El asunto se resolvió con una condena del Tribunal Provincial de Contrabando de Madrid: Carmen Polo debería pagar una multa de casi 7 millones de pesetas al considerar los objetos que portaba de valor histórico-artístico. Sin embargo, dos años después el Tribunal Económico Administrativo Central anularía la condena, tal y como explica Sánchez Soler en uno de sus libros.

El 'holding' empresarial de El Pardo se ha mantenido hasta nuestros días gracias a la impunidad de la que han gozado los herederos de Franco, una familia que lleva viviendo más de 40 años en la España democrática como privilegiados. Incluso, como celebridades. No es raro encontrar en las portadas de la prensa del corazón a los nietos del dictador hablando de su vida amorosa o enseñando alguna de sus lujosas propiedades.

Sin embargo, parece que los vientos ya no soplan favorables para los Franco. Tras años de lucha en los tribunales por la propiedad del Pazo de Meirás, la que fuera la residencia estival del dictador, la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña estimó íntegramente el pasado septiembre la demanda interpuesta por el Estado, en la reclamaba la propiedad de la finca coruñesa. ¿Es esto el principio del fin de la impunidad para los Franco?

“Somos 400 personas y siempre somos los mismos”


Otro asunto espinoso que nos dejó la Transición y que tiene difícil solución en la actualidad es la integración de la élite franquista en el sistema democrático. Las grandes familias de la dictadura, las empresas que florecieron al amparo de Franco y los grandes políticos del régimen encontraron en la España democrática un nuevo patio de recreo donde todo el pasado fue perdonado y nadie preguntó nada.

El filósofo italiano Wilfredo Pareto defiende en su teoría de la élite, con la que intenta explicar las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas, la idea de la circulación de las élites. En otras palabras, el pensador asegura que las personas que componen estos pequeños grupos de poder pueden ser reemplazas por nuevos individuos. “La historia es un cementerio de aristocracias”, afirmó Pareto.

Conmemoración del 38º aniversario del golpe militar el 18 de julio de 1974, donde aparece realizando el saludo franquista Juan Antonio Samaranch, quien en democracia llegó a ser presidente honorífico del Comité Olímpico Internacional. Fuente: revista Sàpiens, 2008

Tristemente, España no es para nada un cementerio donde reposen los restos de un poder perdido por parte de las élites franquistas. Pero, ¿por qué? Así lo explicaba Sánchez Soler en esta entrevista en elDiario.es: “El capitalismo español se gestó bajo la dictadura. La industrialización se dio bajo la dictadura. La gente que pudo participar en eso eran prácticamente toda gente vinculada al régimen desde muchos ámbitos. Era una oligarquía económica”.

Hoy, todas las grandes familias que hicieron fortuna a la sombra del franquismo formando parte de los círculos de poder españoles. “Yo no creo en que los apellidos sean determinantes, pero sí que ha habido una continuidad de los grandes poderes económicos. Apellidos como Rato, por ejemplo, es un apellido del franquismo, Aznar es un apellido del franquismo, Oriol, Aguirre, el de la cerveza Damm,... Todo viene de ahí, todo el desarrollo económico llega bajo la dictadura y viene con esos nombres”, añade el autor de Los Franco S.A..

También en política hay continuismo. El propio Partido Popular que ha gobernado este país en varias ocasiones y que tiene sus cimientos en la desaparecida Alianza Popular, formación política fundada por los exjerarcas del franquismo. El más conocido, sin duda, Manuel Fraga. Él representa a la perfección esa absorción por parte del nuevo sistema democrático de las élites de la dictadura, pues pasó de ser ministro de Información y Turismo con Franco a presidente de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005.

El politólogo y periodista Lluc Salellas aborda el tema en su obra El franquisme que no marxa y sus descubrimientos, como era de esperar, no sorprenden. “Investigué las vidas de los últimos 50 ministros de Franco y encontré que ninguno fue degradado por la democracia. Al revés, la mitad fueron a parar a los consejos de administración de las grandes empresas, la otra mitad a la política”.

Rodolfo Martín Villa realizando el saludo franquista a la izquierda y en democracia como consejero de grandes compañías a la derecha. Fuente: EFE

Ejemplos que ilustren esta afirmación hay muchísimos. Rodolfo Martín Villa paso de ministro de Gobernación en 1976 a consejero de Endesa y, posteriormente, a presidente de Sogecable. Antonio Barrera de Irimo, quien fuera vicepresidente primero del Gobierno franquista, acabó como consejero en Telefónica, Banco Hispano Hipotecario e Hispamer. También “el de la cerveza Damm” que mencionada Sánchez Soler, Demetrio Carceller, fue ministro de Franco. Un sin fin de nombres pertenecientes a todos los ámbitos del poder. No olvidemos al policía torturador de la Brigada Político-Social Antonio González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, y que murió con diversas medallas y honores otorgadas por el Estado.

Este fenómeno de continuismo en las elites tras la muerte del dictador lo ilustra muy bien una afirmación del exresponsable del Palau de la Música Felix Millet durante la instrucción del juicio que lo llevó a prisión: “Somos unas 400 personas que nos encontramos en todas partes y siempre somos los mismos”.

Más de 130.000 víctimas en fosas comunes


Y mientras los grandes prohombres del franquismo viven en nuestro país de manera impune y privilegiada, sin haber rendido cuentas por su pasado o haber explicado el origen de sus fortunas, los cuerpos sin vida de más de 130.000 personas se encuentran abandonados en las casi 2.600 fosas comunes que existen hoy en España, según los datos oficiales.

Gracias a la Ley de Memoria Histórica de 2007, el Gobierno elaboró un mapa con la localización de estas fosas y el número de víctimas que se encuentran en su interior. Este trabajo fue el resultado de la cooperación entre la Administración central con los Gobiernos autonómicos de Aragón, Andalucía y Asturias, los ayuntamientos y las organizaciones privadas memorialistas. Un éxito de unidad en el esclarecimiento de nuestro pasado común que tan difícil es ver en España.

Lamentablemente, Mariano Rajoy dejó sin presupuesto a la Ley de Zapatero nada más llegar a Moncloa. El Estado volvía a abandonar a las víctimas. No más exhumaciones con dinero público. No más actualizaciones de las bases de datos de fosas y personas desaparecidas.

Ascensión Mendieta, durante los trabajos de exhumación de su padre en el cementerio de Guadalajara. Fuente: EFE

La historia de Asunción Mendieta encarna a la perfección el abandono institucional que han sufrido los familiares de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil en las últimas décadas. Hija del sindicalista Timoteo Mendieta, asesinado en noviembre de 1939 y arrojado a una fosa común en Guadalajara, Asunción tuvo que viajar hasta Argentina para conseguir que exhumaran el cuerpo de su padre. Allí, la jueza María Servini, acogiéndose al principio de justicia universal, investiga “la posible comisión de actos atroces de genocidio y/o lesa humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo” después de que la Justicia española se negara a investigar estos crímenes.

Por todo esto es tan importante la nueva Ley de Memoria Democrática. Porque todavía quedan cosas por hacer. Porque hay preguntas que necesitan respuestas. Porque historias que tienen que ser contadas. Porque existen víctimas que necesitan encontrar a sus familiares. Y, sobre todo, porque nunca es tarde para la justicia y la dignidad.



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