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  • Jorge Domingo Ferrando

La deconstrucción de la democracia en Hungría

Actualizado: jun 6


FOTO: Reuters

La democracia liberal ha fracasado. Así lo cree el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, quien tiene como objetivo instaurar en su país un modelo alternativo conocido como democracia iliberal. El término, acuñado por el politólogo Fareed Zakaria, hace referencia a un sistema político que se encuentra a medio camino entre la democracia occidental y un régimen autoritario.

El primer ministro húngaro compartió sus planes de convertir Hungría en un estado “no-liberal” durante una conferencia que ofreció en la Universidad de Verano de Bálványos el 26 de julio de 2014, aunque lo cierto es que por aquel entonces su plan ya había dado importantes pasos hacia el desmantelamiento de la democracia en el país.

Ahora, en plena pandemia del coronavirus, el Parlamento húngaro, donde el partido de Orban, Fidesz, cuenta con 133 escaños de un total de 199, ha declarado el estado de emergencia a través de una ley que permite al Ejecutivo gobernar por decreto, sin límite de tiempo y sin control político. Además, esta nueva legislación impide que se celebren elecciones mientras se mantenga activa y habilita al Gobierno a suspender la aplicación de algunas leyes.

El giro autoritario que el primer ministro magiar está perpetrando en el país ha convertido a Hungría en el primer estado de la Unión Europea (UE) en ser calificado como “parcialmente libre” por Freedom House, al tiempo que ha despertado la preocupación de las instituciones comunitarias.

El ejemplo son China y Rusia y para alcanzarlo Orban ha diseñado una estrategia que se fundamenta en tres pilares clave, como explica el historiador Ignacio García de Paso en su análisis en El Orden Mundial. El primero “un profundo nacionalismo basado en la recreación de un pasado reinventado, maquillado y reconfigurado de lo que la hungaridad significa”. Por otro lado, encontramos “una política de recorte de libertades bañada de un paternalismo de preocupantes tintes autoritarios que trata de borrar los límites que separan el partido gobernante de las estructuras del propio estado húngaro”. Y, por último, hace acto de presencia “un tradicionalismo profundamente conservador, basado en la indiscutibilidad de unas raíces religiosas comunes para Europa y en la necesidad de mantener esa identidad frente a agentes externos”.

Orban, una vida en política

Viktor Orban es lo que en España llamaríamos un político profesional. En las primeras elecciones democráticas en Hungría en 1990 ya se presentaba como cabeza de lista de su formación y ha sido primer ministro entre 1998 y 2002.

Aquel primer mandato fue tan solo el preludio de lo que estaba por llegar. Entre las acciones más polémicas de aquellos cuatro años, destaca la promulgación de la Ley de Estatus, que otorgaba facilidades para estudiar o encontrar trabajo en Hungría a personas étnicamente húngaras, es decir, de ascendencia magiar, residentes en Estados vecinos, como Rumanía o Eslovaquia. La norma, evidentemente, no gustó a estos países, pues discriminaba a la ciudadana en base a la etnia.

Viktor Orbán durante su primer gran discurso en junio de 1989. FUENTE: hungarianspectrum.org

Tras este primer paso por el Gobierno, el Partido Socialista sustituiría a Firesz en el poder para pilotar el proceso de ingreso de Hungría en la Unión Europea en 2004. Sin embargo, tras dos legislaturas y los sucesivos escándalos de los líderes socialistas, Orban volvería a ganar en las elecciones de 2010 con una supermayoría parlamentaria que conserva a día de hoy tras casi diez años como primer ministro y dos comicios electorales en 2015 y 2019.

La democracia en el desguace

La defensa a ultranza de la nación y los símbolos patrios y una retórica xenófoba y racista, plagada de exabruptos y salidas de tono, han sido el marco mental que ha establecido Firesz como campo de batalla para desarrollar su plan. El proceso de concentración del poder que ha protagonizado Viktor Orban en los últimos diez años se ha perpetrado como se llevan a cabo los grandes golpes, con paciencia y de manera gradual. Muchas acciones que por sí mismas no representan un gran peligro, pero que unidas arman una maquinaria legal, política y judicial perfecta para deconstruir la democracia.

La primera medida del Ejecutivo de Orban encaminada a cumplir con su agenda autoritaria fue la reforma de la ley electoral de 2011, que suprimía la segunda vuelta, reducía el número de escaños de 386 a 199 y establecía el reparto de los votos de las minorías políticas sin representación entre las formaciones más votadas. Si bien es cierto que la oposición compartía algunas de estas medidas, no faltaron las críticas que acusaban a la reforma de beneficiar electoralmente a Firesz. De hecho, varias de las medidas de esta nueva ley electoral fueron declaradas inconstitucionales poco después. Aun así, esta norma es la que actualmente se encuentra vigente en el país para regular los comicios electorales y con la que Orban ha obtenido en dos ocasiones una mayoría parlamentaria incontestable.

La nueva Constitución o Ley Fundamental de 2011 fue el segundo gran movimiento del orbanismo. Esta nueva carta magna reduce el poder del Tribunal Constitucional y recorta los derechos civiles. Por ejemplo, la libertad de expresión queda acotada, pues el texto establece que no se puede violar la “dignidad de la nación húngara”, sin especificar qué acciones constituirían dicha violación. Sin duda, una redacción muy peligrosa que deja un alto nivel de discrecionalidad al Gobierno para determinar qué mensajes son válidos y cuáles no. Obviamente, la Ley Fundamental de Orban chocó de lleno con la oposición, pero también con la Unión Europea.

Refugiado: enemigo público número uno

Como todo movimiento que aspira a reunir bajo sus postulados una gran masa social que lo apoye, Firesz necesitaba un enemigo común que sirviera de argamasa entre los diferentes colectivos de la sociedad húngara. Y, como era de esperar en un partido conservador nacionalista con un fuerte componente autoritario, no hay peor enemigo para la Nación que aquel que viene de fuera y nadie viene más de fuera que un refugiado.

La oleada migratoria que ha sufrido Europa en los últimos años con la llegada a sus fronteras de refugiados ha sido instrumentalizada por el Ejecutivo de Orban para perseverar en su defensa nacional de los valores que, a sus ojos, representan a Hungría. Y no ha importado si por el camino se violaban los derechos humanos de estas personas.

Refugiados sirios entran en Hungría por debajo de la valla de la frontera húngara, cerca de Roszke. 26 de agosto de 2015. FUENTE: Bela Szandelszky

Lo cierto es que la gestión de la crisis migratoria llevada a cabo por el Gobierno de Orban ha sido nefasta. Además, esta ha estado marcada por diferentes acciones de dudosa legalidad sobre las cuales la justicia comunitaria ha tenido que pronunciarse. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a Hungría por mantener a solicitantes de asilo en condiciones de encarcelamiento en las llamadas "zonas de tránsito". Una sentencia calificada por Orban de “peligrosa”, pero que ha venido acompañada por el anuncio del gobierno húngaro del cierre de estas controvertidas instalaciones y el traslado de unos 300 solicitantes de asilo a centros de acogida. El Tribunal europeo afirma en su sentencia del pasado 14 de mayo que las condiciones de quienes esperan en las dos zonas de tránsito equivalen a la "privación de libertad".

Por otro lado, Amnistía Internacional recordaba en su informe del 2019 sobre la situación de los derechos y libertades en Hungría que “se rechazaron prácticamente todas las solicitudes de asilo presentadas por personas llegadas de un país de tránsito seguro, como Serbia, tras la introducción de nuevos criterios sobre inadmisibilidad en 2018”.

Además, el Ejecutivo de Orban ha tomado otras decisiones polémicas en su lucha abierta contra las personas refugiadas. Entre ellas destaca la decisión de levantar una valla con concertinas –fabricadas en España, por cierto– a lo largo de la frontera con Serbia para impedir la llegada de nuevos inmigrantes procedentes de los Balcanes o el otorgamiento en 2015 de poder al ejército para “disparar con armamento no letal a los refugiados”.

Ataque a la libertad de prensa

El Gobierno húngaro también ha encontrado en la libertad de prensa un potencial enemigo. La ley de emergencia aprobada para hacer frente a la pandemia modifica el Código Penal e incluye penas de hasta 5 años de cárcel a aquellas personas que difundan noticias falsas. Esto puede parecer una medida razonable hasta que se descubre que es el propio Gobierno quien determina qué es y qué no es una fake news. Pero lo cierto es que la libertad de prensa lleva años amenazada bajo el yugo del Ejecutivo de Orbán.

La ley de medios de 2011 nació rodeada de polémica, pues fue acusada de limitar la libertad de prensa. Finalmente, la norma fue modificada gracias a la presión que ejerció en el asunto la Comisión Europea. Sin embargo, esto no ha puesto fin al ataque por parte del Gobierno a los medios críticos con su gestión.

El subdirector del Instituto Internacional de Prensa (IPI), Scott Griffen, encabezó una delegación que se trasladó hasta Budapest para analizar el estado real de la prensa en el país. "Pese a ser miembro de la UE, Hungría ha desmantelado sistemáticamente la libertad y el pluralismo de la prensa, de manera 'inteligente', a diferencia de lo sucedido en Turquía o Rusia, donde vemos periodistas encarcelados y violencia contra ellos", explica Griffen.

Además, el subdirector del IPI aseguró que el Ejecutivo magiar controla, “directamente y a través de inversores leales”, los medios de comunicación nacionales y la gran mayoría de los medios locales. También ha sido duramente criticado por presionar a los medios independientes y críticos con la acción del Gobierno a través de su política de publicidad con la que premia sobre todo a medios afines. Con todo esto, ser periodista en Hungría se ha convertido en todo un reto si la línea editorial del medio no se pliega a los designios del orbanismo, pues la disidencia te lleva a la asfixia financiera o a la autocensura.

La Unión Europea: un socio incómodo

La Unión Europea y su legislación también se han revelado como unos compañeros de viaje un tanto incómodos para el ultranacionalismo de Orban, quien se ha esforzado por presentar a la Nación húngara y al proyecto europeo como ideas antagónicas, incapaces de convivir en el mismo plano. El euroescepticismo es un elemento que ha estado siempre presente en las políticas de Firesz, el cual presenta a la UE como una amenaza a la soberanía y autoridad húngara dentro de sus propias fronteras.

Como respuesta, el Parlamento Europeo ha iniciado el procedimiento del artículo 7 del Tratado de Lisboa contra Hungría –también contra Polonia–, al cual se puede recurrir cuando exista “un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores” de la Unión Europea. El fin último es privar al país en cuestión de su voto en el Consejo Europeo, pero, aunque el procedimiento se inició en septiembre de 2018, se encuentra en punto muerto al necesitar la unanimidad de todos los Estados miembro. Todo apunta a que Polonia y Hungría no están dispuestas a votar una en contra de la otra.

También el Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece Fidesz, tiene dudas sobre las políticas de Orban en Hungría. De hecho, el partido magiar tiene suspendida su membresía al PPE desde marzo de 2019, lo que implica que no tiene ni voz ni voto en las decisiones de esta familia política. Aunque esta suspensión fue renovada en febrero de este año, los populares europeos no se acaban de decidir sobre si romper definitivamente el vínculo con Fidesz o no. Mientras los nórdicos son claros partidarios de la expulsión, España, Francia e Italia prefieren mantenerlo cerca y evitar que se una al movimiento de extrema derecha formado por Le Pen y Salvini.

Viktor Orban junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. FUENTE: Reuters/ Francois Lenoir

Lo cierto es que las instituciones europeas, aunque han prestado especial atención a la política en Hungría, han adoptado una posición bastante tibia contra un gobierno que está desmantelando los fundamentos de la democracia en un Estado miembro. Un ejemplo claro fue la respuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la ley de emergencia aprobada por Orban, en la que pedía que dichas normas se limitaran a “lo necesario” y que fueran “proporcionales”, sin hacer en ningún momento alusión directa a Hungría.

El orbanismo ha consolidado un proceso de despiece de la democracia liberal a lo largo de los últimos diez años que amenaza con extenderse por todo el continente. Mientras la Unión Europea mira con recelo al país magiar, muchos líderes ultraderechistas ven en Orban y en sus políticas una hoja de ruta hacía ese Estado iliberal, donde el autoritarismo ocupa un lugar central y la democracia no es más que una careta. Sin duda, un desafío que requiere una respuesta contundente por parte de los defensores de los valores democráticos europeos y que recuerda, una vez más, que no hay que dar nada por sentado. Ni siquiera la democracia en Europa.



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