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  • Jorge Domingo Ferrando

Globalización, pobreza e ingreso mínimo vital

Actualizado: jun 6


FOTO: RTVE

En las últimas semanas se ha producido un gran revuelo por el anuncio del ingreso mínimo vital, una prestación social que el Gobierno pondrá en marcha a partir de mayo para combatir la pobreza y garantizar el sustento de los hogares más vulnerables.

Según ha informado el Ejecutivo, la medida afectará a un millón de hogares y a 3 millones de personas. La prestación estará alrededor de los 500 o 600 euros y llevará aparejada un programa de reinserción laboral.

Lo cierto es que esta medida ya estaba contemplada en el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. El punto 2.4.2 del texto recoge la creación de un “mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.

Sin embargo, la recesión económica que provocará la pandemia del coronavirus ha obligado al Gobierno a adelantar su agenda y lanzar ya esta prestación social para auxiliar a los colectivos más frágiles.

Esta medida se inspira en otra mucho más ambiciosa: la renta básica universal, que podría definirse como “una asignación monetaria pública incondicional a toda la población”, independientemente de su situación económica o laboral[1].

El coste del ingreso mínimo vital se ha estimado en 5.500 millones de euros anules. Han surgido, por supuesto, voces que se han manifestado en contra de semejante gasto público, pero lo cierto es que esta cantidad es aproximadamente lo que el Estado español se gastó rescatando el almacén de gas Castor con 1.350 millones y las autopistas madrileñas con otros 4.000 millones.

Y no hace falta hablar de los 65.700 millones de euros del rescate bancario y que el erario público no va a recuperar. Solo para que conste, los seis grandes bancos españoles ganaron 13.592 millones de euros en 2019.

Socializar costes, sí. Privatizar beneficios, también. Justicia social para erradicar la pobreza, no.

Caridad y política social

Por supuesto, el ingreso mínimo vital también se ha topado con la crítica feroz de los partidos de la derecha y la extrema derecha, así como con la Conferencia Episcopal Española.

Parece que estas organizaciones tienen problemas con las políticas sociales que persiguen la eliminación de las desigualdades socioeconómicas en nuestra sociedad, pero están encantados con la caridad.

Un ejemplo claro: Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña anunció nada más llegar al poder, durante la sesión de investidura del pasado agosto, "la mayor rebaja fiscal de la historia".

Esta bajada de impuestos, que se prevé aplicar al final de la legislatura, pretende reducir el IRPF a todos los madrileños, incluidas las rentas más altas, en 0,5 puntos. Con ello, el ente autonómico dejaría de ingresar 300 millones de euros.

Madrid también es actualmente la región que tiene el tramo autonómico del IRPF más bajo de España y tiene el impuesto del Patrimonio bonificado, con lo que la autonomía dejó de percibir 955 millones de euros en 2017.

No obstante, la presidenta popular ha abierto durante la crisis sociosanitaria que estamos viviendo una página web para recaudar dinero de "ciudadanos, empresas y entidades".

Así, Ayuso emplea la caridad para conseguir a través de donaciones particulares aquello que ya no recauda la Comunidad vía impuestos gracias a la política fiscal de su partido.

Lo cierto es que la caridad no saca a nadie de la pobreza y que las instituciones públicas no pueden depender de la voluntad de los donantes. Para financiar al Estado se inventaron los impuestos.

Por su parte, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se ha pronunciado esta semana sobre la medida. Si bien la Iglesia española no se opone a la implementación del ingreso mínimo vital, no ve con buenos ojos que sea permanente. Que la ayuda dure lo que dure la crisis.

El apartado 5 del artículo II del concordato firmado por España y la Santa Sede en 1979 afirma que "la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades".

Sin embargo, la institución religiosa sigue percibiendo a día de hoy dinero público. Solo en 2018 recibió 284 millones de euros a través de la casilla de la renta. Una cifra récord.


FUENTE: Conferencia Episcopal Española

Según las propias palabras de Argüello, la preocupación de la Iglesia española es que una prestación permanente genere que muchas personas vivan de “manera subsidiada” del Estado, tal y como le ha pasado a la propia Iglesia católica en nuestro país.

Más allá de las críticas de estos colectivos, la nueva realidad creada por la globalización ha hecho que la idea de una renta básica se extienda por todo el mundo. Actualmente, medidas de estas características existen en Irán desde 2011 y en Alaska desde 1982.

También dentro de nuestras fronteras encontramos prestaciones parecidas al ingreso mínimo vital. Es el caso de la renta valenciana de inclusión en la Comunitat Valenciana, la renta de garantía de ingresos de Euskadi o la renta básica de emancipación desarrollada por la Xunta de Galicia.

Diversas voces, no solo de la izquierda, se han manifestado a favor de estas ayudas. El que fuera ministro de Economía con Rajoy y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se ha decantado por una "renta mínima de emergencia" para que nadie se quede sin ingresos durante esta crisis, pero ha puntualizado que tiene que ser "claramente temporal".

También el Papa Francisco manifestó, durante la celebración de la Pascua, que "este puede ser el momento de considerar una renta básica universal" que permitiera alcanzar “el ideal tan humano y cristiano de ningún trabajador sin derechos".

Ganadores y perdedores de la globalización

Pero, ¿por qué surge la idea de una renta básica universal? La respuesta nos lleva directamente a hablar de los ganadores y los perdedores de la globalización.

El politólogo Pablo Simón lo explicaba así en 2016: “La integración económica mundial y las decisiones políticas que la han favorecido habrían generado una brecha entre dos sectores de trabajadores”.

“De un lado, aquellos más formados, empleados en sectores tecnológicos o con mayor movilidad geográfica, que se habrían visto beneficiados por la globalización. Del otro lado, obreros manuales tradicionales, perjudicados por los procesos de desindustrialización y deslocalización”, añade Simón.

Además, hay que tener en cuenta que la robotización está destruyendo miles de empleos y que el mercado laboral puede que no vuelva a absorber a estos desempleados, pues ya no son útiles para la producción. Con ello, estas personas se ven abocadas a malvivir gracias a la economía informal.

Así, la globalización ha agravado la desigualdad en nuestra sociedad. El número de millonarios en España se ha quintuplicado entre 2010 y 2019, pasando de 172.000 millonarios a un total de 979.000, según el 'Informe de la riqueza mundial 2019', elaborado por Credit Suisse Research Institute.

Mientras tanto, una crisis económica azotaba España. Como consecuencia, elevadas tasas de paro, pérdida de derechos laborales y precarización de las condiciones de trabajo. La situación ha empeorado tanto que tener un empleo no te garantiza dejar de ser pobre.

A finales del año pasado, 12 millones de personas en España se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que analiza los datos disponibles en Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística.


FUENTE: RTVE

España es el séptimo país de la Unión Europea con más pobreza, solo por debajo de Bulgaria, Rumania, Grecia, Lituania, Italia y Letonia. Nuestra tasa de pobreza es del 26,1%.

El nuevo contrato social

La globalización ha cambiado la manera de generar riqueza. Ahora, unas pocas personas acumulan grandes fortunas generadas a través de transacciones financieras o procesos de producción deslocalizados que apenas se traducen en beneficios para el conjunto de la población. Vivimos en la era de los milmillonarios.

Ante esta situación, el politólogo y científico titular del CSIC, José Fernández-Albertos, afirmaba en 2018 que el nuevo contrato social que exige la nueva economía requeriría “un nuevo reparto de los recursos económicos” y “un esfuerzo fiscal importante, que no será políticamente fácil de gestionar”. Justo donde nos encontramos ahora.

Este artículo no pretende ser una defensa a capa y espada del ingreso mínimo vital. Sin duda, se trata de una prestación que requiere un diseño muy meticuloso, pues romper el círculo vicioso de la pobreza es mucho más complicado que dar dinero. Esta prestación necesita de otras acciones que la complementen.

Si de verdad se quiere que esta medida sea un instrumento que permita a la gente abandonar la pobreza de manera permanente, harán falta políticas de acompañamiento en las áreas de educación, empleo, salud sexual o planificación familiar, entre otras.

La pobreza es un fenómeno muy complejo y una vez te ha atrapado entre sus garras es muy difícil escapar. Por eso, además de luchar activamente para su erradicación, también hay que destinar recursos a prevenirla.

Tiene sentido afirmar que, nuevamente, la redistribución de la riqueza y la justicia social vuelven a ser más necesarias que nunca para garantizar el bienestar de todas las personas. El ingreso mínimo vital puede ser una vía, pero no es la única. Criticarla es aceptable. Ignorar el problema de la pobreza en España, no.



____________ [1] Si queréis saber más sobre renta básica universal, os recomiendo este Consultorio de urgencia sobre Renta Básica, de David Casassas, profesor de la Universidad de Barcelona y vicepresidente de la Red Renta Básica, para La Marea.

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