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  • Jorge Domingo Ferrando

España no es blanca: una realidad incómoda si eres racista


FOTO: EFE

El asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos ha desatado una protesta antirracista en todo el mundo y ha puesto en el punto de mira la discriminación que sufre la comunidad afrodescendiente en Occidente. También en España.

Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2020, la población española era de 47.431.256 personas, de las cuales 5.423.198 eran extranjeros. De estos últimos, 1.122.409 procedían del continente africano. Sin embargo, no hay datos oficiales sobre la población afrodescendiente, pues las estadísticas no recaban información referente al origen étnico de la población. Es decir, no están contabilizadas las personas de ascendencia africana que ostentan la nacionalidad española. Aun así, según cálculos de la sociedad civil, la cifra oscilaría entre 1 y 2 millones de personas.

Estos datos ilustran una realidad incómoda para algunos y que se olvida con frecuencia: España no es blanca. Dentro de sus fronteras, el país alberga una población multicultural y multiétnica que, sin embargo, no se ve representada en las instituciones, la política o los medios de comunicación como consecuencia del racismo estructural. La comunidad afrodescendiente debe hacer frente a una serie de obstáculos –por llamarlos de alguna manera– que jamás se le presentarían a una persona blanca, aunque viviera tres vidas.


Tras su visita a España en 2019, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Afrodescendientes elaboró un informe plagado de afirmaciones que deberían preocupar a la población de una democracia moderna, que se reconoce antirracista. En el texto, concluyen que “la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad, desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales”.

Controles policiales por perfil racial

Es mundialmente conocido el racismo institucional del que adolecen los cuerpos policiales en Estados Unidos, pero ¿sucede lo mismo en España? Según diversos estudios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizan identificaciones basadas en el perfil étnico de las personas, práctica que es discriminatoria y que va en contra de los valores constitucionales.

No olvidemos que la carta magna dispone en su artículo 14 que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El estudio Identificaciones por perfil étnico en Granada, realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía concluyó que “a las personas con piel negra se las identifica 42 veces más que a las de piel blanca y rasgos caucásicos”. En el caso de la minoría étnica gitana, este colectivo es identificado 12 veces más que las personas caucásicas, mientras que los miembros de las comunidades magrebí y latinoamericana lo son 10 y 8 veces más, respectivamente.

Amnistía Internacional también publicó en 2011 el informe Stop Racism, not People, en el que el 90% de los entrevistados afirmaron haber sido identificados por la Policía debido a sus características raciales durante sus actividades cotidianas como, por ejemplo, desplazarse al trabajo.

El estudio Identificación policial por perfil étnico en España, realizado por la Universitat de València en el 2013, afirma que “las personas gitanas son identificadas 10 veces más que las que tienen apariencia caucásica europea (…) [y] en el caso de las personas magrebíes, la tasa de desproporción es de 7,5 y en los afrolatinoamericanos de 6,5”.

FUENTE: Informe Identificaciones por perfil étnico en Granada

Así, los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llegaron a la conclusión de que los controles policiales de personas afrodescendientes por perfil étnico y racial "es un problema endémico" y que “se los toma constantemente por inmigrantes indocumentados y se los detiene mucho más a menudo que a personas de otro origen étnico en los controles en la vía pública y sin que existan problemas de seguridad”.

Pero, más allá de las identificaciones en sí, hay que prestar atención a las consecuencias que esta conducta policial genera sobre los miembros de esta comunidad. El estudio Bajo sospecha. Impacto de las prácticas policiales discriminatorias en España, elaborado por Rights International Spain (RIS) en 2019 junto con la fundación Open Society, recuerda que estas identificaciones suelen tener lugar en la vía pública, a la vista de todo el mundo, lo que ayuda a reforzar estereotipos negativos sobre la comunidad afrodescendiente.

"La gente que mira suele dar por hecho que hay algún motivo para el control policial, que la persona a la que se ha parado ha hecho algo malo o es un delincuente", afirma el informe.

Formación contra la discriminación

Además, la realización de estas identificaciones impide que las personas que los sufren pueden desarrollar un sentimiento de pertenencia a la sociedad, al mismo tiempo que reduce su confianza en la Policía. Tampoco hay que olvidar el fuerte impacto emocional que conlleva, pues estas personas deben hacer frente a “la vergüenza, la humillación, la impotencia o la inseguridad” que se deriva de estas situaciones.

El informe de RIS recoge el testimonio del inspector de la Policía de València, David Garfella Gil, quien denuncia la falta de formación en los cuerpos y fuerzas de seguridad sobre prácticas no discriminatorias. "Soy agente de policía desde hace 25 años, a mí nunca se me ha instruido en que todas las personas son iguales, sino que hay determinados tipos de personas que cometen determinados hechos delictivos y que teníamos que tener cuidado con esas personas, centrarnos mucho en determinadas personas, bien por su cultura, etnia, raza, origen”.

"En ocasiones se dan identificaciones donde ni van a ocurrir ni ocurren delitos para que la población mayoritaria se sienta segura, para que se vea que a determinadas personas que ellos mismos han estereotipado, se les para, se les controla, se les pide la documentación y de esta forma parece que la policía está trabajando", añade Garfella.

De hecho, la ONU, en sus recomendaciones finales, invita al Gobierno de España a ofrecer “una formación especializada a los agentes de policía y a los funcionarios públicos para prohibir y sancionar la utilización de perfiles raciales”.

Diferencias en el acceso al empleo

El colectivo afrodescendiente también sufre discriminación en su acceso al mercado laboral, pues, tal y como recoge el informe de la ONU, “las personas afrodescendientes instruidas no tenían acceso a empleos del mismo nivel que otros ciudadanos españoles, aun teniendo una formación académica similar, por el color de su piel”.

Además, esta comunidad también obtiene los trabajos con peores condiciones laborales. El informe de Naciones Unidas destaca “la explotación generalizada de los migrantes, incluidos los afrodescendientes, que se enfrentan a la discriminación racial y a la explotación en el lugar de trabajo”.

Es especialmente alarmante el informe preliminar que presentó el Relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, el pasado febrero, en el que afirmaba que “las condiciones que vi en los trabajadores migrantes que recogen la fresa en Huelva eran peores que en un campo de refugiados”.

El relator de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, durante su visita a un asentamiento de trabajadores inmigrantes en Lepe, Huelva. FUENTE: Bassam Khawaja

El Grupo de Expertos de la ONU sobre Afrodescendientes también se hacía eco de esta realidad al expresar su preocupación por “la difícil situación de los trabajadores migrantes que viven en condiciones deplorables en España, particularmente en Almería”.

Según recoge el informe, estos trabajadores “viven en chozas construidas con cartones y plásticos, sin saneamiento ni agua potable” y tienen “un acceso limitado a la electricidad”. El texto habla incluso del “acoso, la extorsión y las palizas de la Guardia Civil, presuntamente con la complicidad de los empleadores,” que sufren estas personas.

El campo se ha convertido en uno de los principales empleadores de migrantes en condiciones laborales deplorables y, por supuesto, ilegales al no respetar la legislación nacional en la materia. Algunas voces hablan incluso de esclavitud. Tal es la magnitud de los hechos que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el pasado mes de febrero que se realizarán inspecciones de trabajo en el campo para perseguir estas prácticas que vulneran los derechos humanos.

Una realidad invisibilizada

Abordar los problemas a los que se enfrentan los afrodescendientes en España es complicado por una razón muy simple: no existen datos estadísticos sobre la raza o el origen étnico de la población española, tal y como se ha explicado anteriormente. ¿Por qué?

El Gobierno estima que la existencia de estas estadísticas “se traduciría en una discriminación”. Por este motivo, tanto en los datos sobre la población española como en los de extranjería e inmigración que recaba la Administración Pública se recoge la nacionalidad, pero nunca el origen étnico ni la religión.

Puede que la posición del Gobierno no vaya desencaminada, sobre todo ahora, que la extrema derecha ha irrumpido en el panorama político con fuerza. Con esta decisión, pretenden evitar incidentes como el que sucedió en un mitin de precampaña de Vox en octubre de 2019.

En aquel acto el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, leyó una parte del listado de beneficiarios de la última subvención al alquiler aprobada por la Comunidad de Madrid, en un intento por difundir la falsa idea de que los extranjeros gozan de privilegios para acceder a las ayudas públicas.

Lo cierto es que Abascal enumeró una serie de apellidos de origen extranjero asumiendo por ello que no se trataba de ciudadanos españoles. Sin duda, una deducción sumamente racista, pues no es necesario apellidarse López para tener la nacionalidad española. De hecho, en su propio partido hay miembros, como Javier Ortega Smith o Bertrand Ndongo, con apellidos extranjeros y que son ciudadanos españoles.

La Comunidad de Madrid desmintió el razonamiento del líder de ultraderecha y explicó que el origen de la persona solicitante no se tiene en cuenta en la concesión de las ayudas al alquiler. La renta de la unidad de convivencia o el número de miembros de la familia son, entre otros requisitos, los que determinan el reparto de las ayudas públicas.

Así, la información difundida por Abascal tan solo reconoce que las personas con apellidos extranjeros, independientemente de su nacionalidad o etnia, son más pobres que las personas con apellidos de ascendencia castellana, por ejemplo.

Sin embargo, el desconocimiento de las cifras se traduce en la “invisibilización de la comunidad afrodescendiente”, al mismo tiempo que “impide encontrar soluciones eficaces contra el racismo, la discriminación racial y la exclusión social”, tal y como afirma el grupo de expertos de la ONU en su informe.

Según estos, “los datos desglosados por etnia resultan imprescindibles para entender la gravedad y el alcance de la discriminación racial contra los afrodescendientes, así como para formular soluciones específicas e integrales”.

La muerte de George Floyd ha vuelto a situar en el centro del debate público el racismo que mancha nuestra sociedad. Es necesario abordar desde las instituciones el racismo estructural que pervive en España. También desde la sociedad civil. No basta con legislar. Hay que cambiar la forma de pensar y de mirar el mundo. Hay que comprender que España no es blanca.



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