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  • Jorge Domingo Ferrando

El mercado no puede sustituir al Estado

Actualizado: jun 6


FOTO: Javier Albiñana

Tenemos la mala costumbre de poner precio a las cosas. A todas las cosas. También a los derechos. Existe una parte de la población que entiende que la gestión y el funcionamiento de los servicios públicos deberían regirse por los principios de rentabilidad que guían a las empresas privadas. Los hay también que consideran que el precio a pagar para mantener el estado del bienestar es demasiado alto. Quien quiera estudiar, que se lo pague. Quien necesite una operación, que se la pague. Entienden el acceso a los servicios públicos como una cuestión monetaria y confían al libre mercado la prestación de todo tipo de bienes, incluidos aquellos que garantizan derechos y libertades.


Sin embargo, la crisis sociosanitaria provocada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto que cuando surgen los problemas quien está ahí es el Estado, que son los servicios públicos los que garantizan que todas las personas, independientemente de su situación económica o del lugar en el que vivan, puedan acceder al mejor de los tratamientos. Pensamos que el mercado puede sustituir al Estado, pero esta crisis nos ha enseñado que no es así.

La salud es un derecho. Así lo dice la Constitución española en su artículo 43.1: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. También lo recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos textos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas y firmados y ratificados por España.


Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma en su Constitución que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” y afirma que incluye “el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente”.

La filósofa y teórica política Hannah Arendt, en su obra Los orígenes del totalitarismo, explica cómo fue la realidad de la Europa de posguerra que quedó tras la Segunda Guerra Mundial. Una Europa llena de refugiados, apátridas y minorías sin un gobierno nacional propio y cuyos derechos humanos no fueron respetados ni garantizados por los Estados.


Esta experiencia llevó a Arendt a afirmar que “los Derechos del Hombre[1], supuestamente inalienables, demostraron ser inaplicables […] allí donde había personas que no parecían ser ciudadanas de un Estado soberano” y que “el pueblo, sin un Gobierno nacional propio, se hallaba privado de derechos humanos”. Dicho de otro modo, solo aquellas personas que tienen un gobierno nacional y que viven en países prósperos y desarrollados consiguen disfrutar, de facto, de sus derechos y libertades.

También es importante recordar que defender un sistema público robusto y bien financiado que garantice el acceso universal a todas las personas no implica irremediablemente estar en contra del sector privado. Esta posición sería ridícula, pues ambos se necesitan. La aportación de este sector es la que permite, junto con el Estado, aumentar los estándares de calidad de vida, generar empleo e impulsar el desarrollo social.


Pero, al mismo tiempo, hay que ser consciente de que la economía de mercado, además de producir todos estos impactos positivos en la sociedad, también genera otros negativos, como la desigualdad socioeconómica o la injerencia de intereses privados en decisiones públicas.

Por ello, una parte del pensamiento político, como el politólogo estadounidense Robert Dahl, apuesta por un Estado mediador entre las virtudes y los defectos inherentes al funcionamiento del mercado. Un papel fundamental en esa mediación es el de determinar qué bienes y qué servicios pueden regirse por la ley de la oferta y la demanda y cuáles no. Los servicios públicos, cuyo fin último es garantizar derechos a todas las personas, deben prestarse sin atender a criterios de rentabilidad o beneficio económico.


Esto toma un cariz especialmente relevante cuando hablamos de la salud, pues de la calidad y el acceso a los servicios sanitarios depende la vida de las personas. Y ahí no se pueden hacer diferencias entre ricos y pobres. La equidad debe inspirar cualquier sistema nacional de salud.

Actualmente, la OMS alerta de que unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios y denuncia que los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios. Solo el Estado, a través de la sanidad pública, puede acabar con esta desigualdad y ofrecer equidad.


Se ha criticado mucho en las pasadas semanas a diversos hospitales privados que ofrecían realizar la prueba de coronavirus por 300 euros o que pedían a su personal que cogiera vacaciones para ahorrar costes en medio de la crisis del coronavirus. Las empresas privadas no se pueden permitir dar un servicio público en contra del criterio de rentabilidad. Además, no es su función. No es debate moral, sino una cuestión de roles.


El Estado es quien debe garantizar derechos, aunque ello resulte deficitario, y el sector privado debe ofrecer bienes y servicios a cambio de una retribución. Por eso, es importante tener claro que no se puede dejar en sus manos la prestación de servicios públicos. La naturaleza de estos últimos es incompatible con los principios que guían la acción empresarial.

Dicen que nada será igual después de la crisis del coronavirus y que el mundo poscovid-19 será diferente a todo lo conocido. Realmente, no tengo ni idea de cómo será esa realidad. Solo espero que en ese nuevo mundo no sea tan fácil atacar a los servicios públicos. Si algo está quedando claro estos días es que el Estado tiene un papel central en la vida de las personas, de todas las personas, y no solo de las más vulnerables. Ha llegado el momento de cambiar nuestra concepción de lo público. Tras décadas de privatizaciones, recortes y discursos que abogaban por reducir el sector público al mínimo irreductible, la historia nos enseña una vez más que sin Estado no hay derechos.



____________ [1] Derechos humanos

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