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  • Jorge Domingo Ferrando

Abolir la prostitución: una tarea pendiente

Actualizado: jun 6


FOTO: Óscar Corral

Abolir la prostitución es una tarea pendiente que tenemos como sociedad. España es el primer país de Europa en demanda de prostitución y el tercero a nivel mundial, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, el 39% de los varones españoles afirma haber pagado, al menos una vez, por servicios sexuales. Las cifras nacionales son atípicas en nuestro entorno si se tiene en cuenta que el segundo país de la zona en consumo de prostitución es Suiza, donde el porcentaje de hombres que han pagado por sexo en alguna ocasión se reduce hasta el 19%.

Existe un amplio sector de la sociedad que defiende la legalización de la prostitución y su regularización como un trabajo más. Esta postura se fundamenta en dos elementos clave: la libertad individual de las personas y el principio del daño.

Este último lo define John Stuart Mill en su obra Sobre la libertad, en la que afirma que “cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a otros”.

Con ello, el planteamiento sería el siguiente: si un hombre o una mujer decide ejercer libremente la prostitución como medio de vida, sin ser en ningún caso coaccionado o forzado, ¿por qué el Estado debe impedírselo?

Este mismo planteamiento se esgrime para defender a las personas que pagan por servicios sexuales: si la persona que los ofrece lo hace libremente, no perjudica a nadie consumirlos y, por tanto, el Estado no debería entrar a legislar de manera restrictiva sobre dicho intercambio.

Tanto la Constitución española como los tratados internacionales sobre derechos humanos recogen la libertad individual de las personas y reconocen el derecho al trabajo y a la libre elección de este.

Por ejemplo, en el caso español, la carta magna estipula en su artículo 35 que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio”.

Sin embargo, la realidad de la prostitución en nuestro país y en el mundo entero dista muchísimo del planteamiento liberal y retrata a esta actividad como una forma de explotación, principalmente, de mujeres.

Pues hay que dejar claro que la prostitución es un fenómeno altamente feminizado, en el que el 97% de las personas que la ejercen son mujeres, mientras que el 99% de las personas que pagan por sexo son hombres. Frente a estos datos, es imposible negar que la prostitución es una cuestión de género.

Género y pobreza

Tal y como recoge Carole Pateman en su obra El contrato sexual, la oferta de servicios sexuales implica la compraventa de partes del cuerpo o, incluso, de personas y recuerda que el cuerpo ha de quedar fuera del mercado.

Así lo plantea Silvia Claveria en su libro El feminismo lo cambia todo, en el que explica que la legislación que prohíbe la mercantilización de órganos o la esclavitud pretende servir de barrera de protección a las personas pobres y sin recursos para que no acaben, obligadas por las circunstancias, recurriendo a estas prácticas para poder subsistir o que las mafias utilicen su vulnerabilidad para convertirlas en bienes de consumo.

Esta misma lógica se puede aplicar a la prostitución porque, además de ser mujeres, la mayoría de las que se dedican a esta actividad son pobres. Es la doble discriminación que sufre una prostituta: ser pobre y ser mujer, apunta Claveria.

Así, el argumento utilizado por aquellas corrientes que piden la regulación de la prostitución basándose en la libertad de las mujeres para decidir qué hacer con su cuerpo y cómo se ganan la vida pierde fuerza frente a la realidad descrita, porque si una mujer es pobre y no tiene recursos y, además, está discriminada por razón de género, ¿es realmente libre para decidir dedicarse a la prostitución?

O, por el contrario, ¿es una víctima de su propia pobreza y de un sistema patriarcal, que no le ofrece ninguna otra alternativa que vender su cuerpo a los hombres para poder subsistir?

Esta idea se resume muy bien en el libro La prostitución. Claves para reflexionar sobre el problema, editado por la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida y en el que se dice que “la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal”.

Esto último, sin duda, juega un papel muy importante en la articulación de la prostitución. Vivimos en sociedades creadas por los hombres para los hombres, en las que estos se sitúan por encima de la mujer en una relación desigual entre géneros.

Defender la legalización de la prostitución implica perpetuar esta situación de desigualdad, pues, como dijo la antropóloga francesa Françoise Héritier, reconocer el derecho de una mujer a vender su cuerpo implica, irremediablemente, reconocer el derecho de un hombre a comprarlo.

Trata de seres humanos

También resulta bastante ridículo defender la legalización de la prostitución amparándose en la libertad individual de las personas cuando, según datos oficiales, se estima que el 80% de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual.

Según el Global Report on Trafficking in Persons 2018, elaborado por la ONU, el 59% de las víctimas de la trata detectada son explotadas sexualmente y, de estas, el 94% son mujeres y niñas.


FUENTE: Global Report on Trafficking in Persons 2018, Naciones Unidas

Además, el informe de Naciones Unidas afirma que “la trata con fines de explotación sexual es la forma más detectada de trata de personas en todo el mundo” y, concretamente, “en todas las subregiones de Europa, en Norteamérica y Centroamérica y el Caribe, y en Asia Oriental y el Pacífico”.

Dicho de otro modo, la prostitución y la trata de seres humanos son las dos caras de la misma moneda. La demanda de una hace crecer la demanda de la otra, y viceversa.

Según explica la profesora de Sociología de Género Rosa Cobo en su obra La prostitución en el corazón de Madrid, “la trata debe considerarse el principal mecanismo a través del cual la prostitución obtiene mujeres para su ejercicio y que, por tanto, sin prostitución no existiría la trata”.

Además, a la posibilidad de que estas mujeres puedan ser obligadas a ejercer la prostitución en contra de su voluntad, hay que sumar los enormes factores de riesgo que conlleva esta actividad.

Según los datos que ofreció Gemma Lienas en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en 2006 y que Claveria recoge en su obra, dado que el intercambio se produce en la intimidad, las mujeres prostitutas tienen un alto riesgo de sufrir violencia física o contraer una enfermedad de transmisión sexual.

Según Lienas, entre el 63% y el 80% de las prostitutas han sido víctimas de violaciones y tienen, también, una mayor probabilidad de morir asesinadas.

Prostitución y derechos humanos

El 11 de agosto de 1982 se trató por primera vez la prostitución en el marco de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU con la presentación de un informe ante la Subcomisión adscrita a dicho órgano.

Desde ese momento, Naciones Unidas ha considerado la oferta de servicios sexuales como una cuestión directamente relacionada con los derechos humanos.

El actual gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos se ha marcado como objetivo en su acuerdo de gobierno erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual a través de la elaboración de una ley integral, pero no aclaran en el texto si legislarán sobre prostitución.

Los socialistas se han declarado en más de una ocasión abolicionistas, mientras que en Unidas Podemos conviven diversas posturas sobre el asunto.

La actual ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó el domingo, 8 de marzo, en una entrevista en El Objetivo, estar a favor de la abolición de la prostitución y aseguró que el Gobierno tiene un horizonte abolicionista.

No obstante, no concretó si el Ejecutivo tomará alguna medida para acabar con esta práctica arcaica y machista, que agrede a las mujeres y perpetua la desigualdad de género.

Es necesario abordar la cuestión y hacerlo teniendo clara la distinción entre la prostitución como sistema de represión y las prostitutas, que no son, ni más ni menos, que las víctimas en esta ecuación.

Suecia fue el país pionero en la materia con la promulgación de una ley en 1999 que penalizaba a los clientes que pagaban por sexo y daba amparo a las mujeres prostitutas.

Al final, hay que entender que estos consumidores son colaboradores necesarios en esta cadena de explotación sexual y que lo justo es poner la mirada sobre ellos y no sobre las prostitutas.

Lo justo sería también ser valientes y legislar sobre la materia para que nunca más ningún hombre piense que tiene derecho a comprar el cuerpo de una mujer. Mientras no lo hagamos, abolir la prostitución seguirá siendo una tarea pendiente.

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